El monte público no se vende

Casi todo el mundo sabrá ya que la presidenta Cospedal en su furor privatizador ha puesto ahora el punto de mira en una de las joyas del patrimonio común: los montes de utilidad pública, pretende vender 57 montes en toda la comunidad castellanomanchega (más de 40.000 hectáreas de superficie), 11 en la provincia de Guadalajara. Dicen que los pueblos que no conocen u olvidan su historia están condenados a repetirla y el caso de la venta a empresarios de la caza y turísticos de los montes públicos de algún modo confirma esta máxima.

Durante el siglo XIX los diferentes gobiernos liberales, en su búsqueda de recursos para sufragar el déficit de un estado siempre endeudado, (entre otras cosas por las peleas dinásticas de los Borbones que provocaron dos largas guerras, las que llamamos carlistas) deciden poner en venta las tierras de propiedad corporativa, pública y comunal. Con la excusa de que estos modos de propiedad "de manos muertas" eran un obstáculo para el desarrollo y la modernización del país, los decretos de desamortización venían a abrir la economía al capitalismo y a la iniciativa privada, a flexibilizar y hacer más competitiva la economía... ¿a qué os suena la cantinela? En 1837 el ministro Mendizábal inicia la desamortización eclesiástica y se ponen en venta las tierras que acumulan las órdenes religiosas y el clero, entre las que hay muchas cubiertas de bosques que son talados y roturados por sus nuevos propietarios. Pero lo peor para los bosques peninsulares vendrá en la segunda mitad del siglo, entre 1855 y 1901: la desamortización de Madoz pone en venta terrenos rústicos pertenecientes a la Iglesia, al Estado y sobre todo a los bienes comunales y de los Ayuntamientos. En estos decenios 5 millones de hectáreas de territorio, arbolado en su mayor parte, se privatizan, se talan, se roturan... en lo que supone una de las mayores pérdidas y tragedias para los bosques peninsulares de toda la historia. El proceso desamortizador supuso que durante el siglo XIX el 15 % de toda la tierra de este país

pasara de ser propiedad pública, comunal o corporativa a ser privada, un proceso que apenas afectó a la España húmeda y que se concentró en ambas mesetas y en Extremadura (donde cambió de manos el 30 % del territorio). Se talaron y roturaron miles de bosques y se puso fin a un paisaje en mosaico, donde tierras de labor y pastizales se intercalaban con bosques muy diversos, cuyos aprovechamientos (ganadería, leña, caza, recolección, medicinales...) disfrutados y gestionados de modo comunitario habían beneficiado fundamentalmente a la gente humilde y especialmente a los sin tierra. Ya nos podemos imaginar que, en la gran mayoría de los casos, la desamortización favoreció a los que ya eran grandes propietarios, a las clases altas, a los terratenientes, a la vieja nobleza y la nueva burguesía, que fueron los que al final se quedaron con las tierras otrora del común, al tiempo que se provocaba el primer proceso de éxodo rural por la quiebra que esta "modernización" capitalista (o vulgar expolio) provocó en las economías campesinas. Más tierra en menos manos. Si el desastre no fue peor fue gracias a la presión de la sociedad civil ilustrada, muy concretamente del Colegio de Ingenieros de Montes, y sobre todo a la resistencia de los pueblos y las gentes del campo, que veían como se les arrebataban dehesas boyales y montes ganaderos de los que disfrutaban en comunidad desde tiempo inmemorial. Entre todos lograron que se elaborara un catálogo de montes que debían ser exceptuados de la desamortización por su interés social, ecológico, hidrológico, etc. Se cartografiaron y catalogaron provincia por provincia todos los bosques de más de 100 hectáreas que debían salvarse del ansia privatizadora. En 1901 se publica el real decreto con el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. En el siglo XX pese a todos los cambios y vicisitudes políticas, este patrimonio público no ha dejado de crecer. Ha crecido en calidad pues se han invertido fondos públicos en la mejora de los montes, se han repoblado, se han hecho trabajos de conservación, de prevención de incendios, etc., y se ha mejorado su posición jurídica al pasar a ser considerados "dominio público". Y han crecido en cantidad pues el Estado ha comprado terrenos (incluso algunos que fueron desamortizados, talados, erosionados y degradados y que, finalmente, volvieron al dominio público otra vez) hasta conformar un patrimonio colectivo de 8,5 millones de hectáreas de terreno arbolado, gran parte del cual es además espacio natural protegido (¿dónde se iban a refugiar si no la fauna y la flora más valiosa?). Un dominio público al que nuestros antepasados dotaron de garantías jurídicas contra cualquier intento de privatización o especulación futura, y que por ello se consideró "imprescriptible, inembargable e inalienable".

Y esto es, ni más ni menos, lo que Cospedal pretende vender a sus amigotes con la excusa del rigor presupuestario y el recorte del déficit (como en el siglo XIX). Pretende vender los bosques que nos ha dejado la triste historia de este país arboricida en el que la famosa ardilla que cruzaba España de árbol en árbol si no muere atropellada en alguna autopista ha de coger hoy el AVE y el puente aéreo. Cospedal pretende privatizar el poco terreno que nos ha quedado tras los sucesivos asaltos de los ricos y poderosos al procomún y la riqueza social y natural compartida. Lo poco público que nos ha dejado la dura historia de derrotas populares de esta piel de toro. Por eso Cospedal y la cúpula del partido que la sustenta, con solo plantear la enajenación de alguno de NUESTROS montes está insultando a la memoria de generaciones de campesinos, de conservacionistas, de científicos y técnicos de lo forestal, de ilustrados y gentes de buena fe, de amantes de la naturaleza y la cultura rural que lucharon para conservar estos montes.

Fernando Llorente Arrebola: Gestor Ambiental