El Casar

El alcalde cierra la radio municipal por incumplir la ley

Después de cinco años de ilegalidad y más de 60 denuncias Pablo Sanz ha ordenado el cierre de la Emisora de El Casar.

La ley de medios audiovisuales vigente en Castilla-La Mancha impide a una emisora municipal conectar con otra de tipo comercial. Así lo establece el Decreto 59/1998 de 9-6-1998, por el que se regula la gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora de ondas métricas con modulación de frecuencia, así como la Ley 10 de 19-03-97 de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. La ley también exige que la potencia máxima de emisión no supere los 50 W. Por último, la ley exige que la gestión de las emisoras municipales se realice con los medios económicos propios del consistorio y prohíbe expresamente la emisión de publicidad o contenidos comerciales. Lamentablemente la radio de El Casar incumplía todos estos requisitos desde el comienzo de sus emisiones.
Según la información aportada por el Ayuntamiento, en mayo de 2008 el anterior alcalde, el socialista Ramón Vidal, firmó con Raúl Cisneros García, administrador único de la empresa Broadcasting 10, un contrato para la gestión de la radio municipal. Posteriormente Broadcasting 10 cedió la explotación de la emisora a Punto Radio. Vidal dijo entonces que su propósito era dotar de una Radio Municipal a El Casar sin coste alguno para el Ayuntamiento. A cambio del soporte técnico aportado por Broadcasting 10, el Ayuntamiento debía ceder gratuitamente a Punto Radio la gestión de la emisora y un local en el Silo  para usarlo como estudio radiofónico. Además, Punto Radio se quedaría con todos los ingresos por la emisión de publicidad durante los diez años de vigencia del contrato. Negocio redondo para la emisora comercial.
Mediado el año 2009 La emisora comunitaria Radio Enlace, ubicada en el barrio de Hortaleza (Madrid) y con más de veinte años de existencia, solicitó reiteradamente una reunión con Ramón Vidal para comunicarle que la potencia de emisión de la Radio Municipal sobrepasaba el límite de 50 W marcado por la ley y causaba numerosas interferencias en las emisiones de la radio comunitaria en su ámbito de emisión: los barrios del norte de Madrid. Vidal nunca acepto reunirse con los responsables de Radio Enlace y los remitía al entonces director de Punto Radio El Casar, Jaime Adrada, demostrando así que el Ayuntamiento no tenía ningún control sobre la radio municipal. Pronto quedó claro que los intereses de Punto Radio no eran el servicio público y social, sino los puramente comerciales. Rápidamente la radio se fue vaciando de contenidos y, desde hacía varios años, solo emitía publicidad y música, convirtiendo lo que debería ser un ejemplo de buenas prácticas en un lamentable atropello político basado en la prepotencia del más fuerte y que infringía todas las normas elementales de coordinación y respeto a otras entidades.
Durante sus cinco años de vida la radio de El Casar acumuló más de 60 denuncias de particulares y otros medios de comunicación por el uso fraudulento de la emisora municipal. Vidal archivó sistemáticamente todas las denuncias. Quizá pensaba que ocultando el problema Punto Radio podría seguir actuando impunemente desde la ilegalidad. Pero no fue así.
El verano pasado, la emisora municipal gestionada por Punto Radio fue objeto de dos actos vandálicos que destrozaron parte de los equipos de emisión, pero en unos pocos días se repuso el material y, según el actual alcalde, Pablo Sanz, el estudio de emisión se trasladó desde el Silo al domicilio particular de Raúl Cisneros, administrador de Broadcasting 10.
A principios de marzo de este año el grupo Vocento, propietario de Punto Radio, se fusionó con la Cadena COPE y esta emisora, relacionada con la Iglesia, tomó el control de todos los postes de emisión de Vocento a través de los que emitía ABC Punto Radio en España. Ello ha supuesto la desaparición nacional de Punto Radio y el despido de todos sus empleados. Según estos «El cierre de ABC Punto Radio se debe principalmente a una malísima gestión tanto por parte de los directivos de Vocento, encabezados por diversos consejeros delegados, como de los sucesivos directores que han ocupado el despacho principal de la emisora». La verdad es que viendo sus prácticas no nos sorprende.
Llaman la atención las declaraciones de Ramón Vidal, principal responsable de la situación ilegal de la emisora municipal, tras el cierre de la misma, en las cuales dice: «Lo que tenía que hacer el Ayuntamiento era fomentar la radio como vehículo de comunicación con los vecinos, sobre todo al ser un medio libre.
Lo que ha ocurrido es increíble. ¡Cómo se puede cerrar una radio local!
A mí me tiene que venir un Juzgado para que la cierre, y no una queja o denuncia de nadie. Es lamentabilísimo llegar a esta situación en plena Democracia». Quizá el señor Vidal piense que en la democracia la ley es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos menos para él. Sin duda más pronto que tarde tendrá que rendir cuentas ante la Justicia ya que, a sabiendas de que estaba incumpliendo la ley de Telecomunicaciones, siguió con su plan de «regalar» la frecuencia municipal a una emisora comercial, incurriendo posiblemente en un presunto delito de prevaricación.
La ley de telecomunicaciones en su artículo 50 establece las sanciones para aquellos que cometan infracciones. Según expertos consultados por Solana las infracciones cometidas por el Ayuntamiento, como propietario de la frecuencia, están catalogadas como muy graves y podría ser sancionado con una multa entre 60.000 y 1.000.000 de euros. Así mismo también es delito emitir música sin pagar derechos de autor a la SGAE, como hasta ahora se venía haciendo. Las multas por este concepto son muy elevadas. Nos gustaría saber de dónde va a salir el dinero para pagar estas sanciones en caso que se produzcan. ¿Las van a pagar el señor Vidal, Punto Radio o Broadcasting 10? De sobra saben los implicados que las multas las pagará el Ayuntamiento de El Casar, es decir, todos los vecinos.