Ley del saqueo

del medio rural

El Gobierno plantea una reforma de la Administración Local que afectará dolorosamente a los
pueblos pequeños, a sus bienes comunales y su medioambiente.

Aprovechando que con el calor estival la ciudadanía está más despistada y amodorrada de lo habitual, el pasado 26 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local. Bajo este largo y ambiguo nombre se esconden las tijeras de Montoro, amenazando esta vez a los pueblos y al mundo rural. La estrategia es la misma que en otros saqueos cometidos contra los bienes públicos: primero se empiezan a difundir en los medios de comunicación medias verdades o mentiras enteras como que los ayuntamientos pequeños son ineficientes, que hay duplicidades en la provisión de servicios, que hay demasiados cargos, gastos, etc. Después los tertulianos y otros voceros del poder empiezan a rasgarse las vestiduras con la insostenibilidad financiera y a lanzar loas al rigor fiscal, a la racionalización... Al final nos acaban haciendo creer que la crisis brutal en la que está el país es culpa de los ayuntamientos pequeños y de la manía que tienen sus pobladores de consumir recursos sociales. En esas llega Montoro y, con la sacrosanta excusa de frenar el déficit y el endeudamiento, perpetra otra reforma neoliberal como esta, que ya podemos denominar -Ley del saqueo del medio rural-.

En este proyecto de ley se contempla la reducción de concejales, una medida que no ahorrará nada porque los concejales de la inmensa mayoría de los pueblos pequeños no cobran pero que sí servirá para hacer más difícil la entrada de grupos minoritarios en los ayuntamientos, apuntalando así el bipartidismo corrupto que nos domina. También plantean la desaparición de 3700 entidades locales menores (pedanías, concejos, juntas vecinales...) y 1000 mancomunidades. Con esta medida se ahorrarían apenas 73 millones, menos de lo que cuesta algún futbolista por ahí, una miseria, pero es que el negocio de esta medida está en otro lado: las entidades locales menores son depositarias de bienes y derechos comunales que, de desaparecer estas, pasarían a las Diputaciones u otras instituciones del Estado. Especialmente interesantes son los cientos de miles de hectáreas de tierras y montes comunales o municipales que luego podrían enajenarse, es decir privatizarse. Ya hablamos en un artículo anterior de cómo, en el siglo XIX, los liberales se lanzaron al asalto y saqueo de las tierras comunales con leyes como la de la Desamortización de Madoz en 1855, con la que, para enjugar el déficit del Estado Central, se enajenaron millones de hectáreas de buenos bosques, la misma excusa que emplean hoy día estos neoliberales para privatizar lo poco que nos queda de aquellos bienes comunales que vienen de la Edad Media y que tan importantes han sido para la supervivencia de los pueblos y sus humildes gentes.

Así mismo esta reforma tiene consecuencias políticas, ya que al eliminar las mancomunidades los servicios públicos rurales se derivarán a las Diputaciones, de modo que estos nidos de corrupción, caciquismo y clientelismo ganarán poder y recursos. En general, los ayuntamientos de pueblos de menos de 20.000 habitantes (que son la mayoría) perderán recursos, empleo, poder y autonomía, ya que muchos servicios se quieren centralizar en los municipios de más de 20.000 y, en caso de no haberlos, en las Diputaciones. Es decir, los pueblos perderán empleo público, de ese que fija población, y perderán control sobre sus asuntos y recursos públicos, que se gestionarán lejos. Se trata de una auténtica regresión jurídica y política del camino recorrido por las instituciones municipales durante la transición, una recentralización del poder político, una agresión a la autonomía municipal consagrada en la Constitución... algo que va en contra de la historia y en dirección contraria a las crecientes y legítimas demandas ciudadanas de más democracia, más transparencia en las instituciones de gobierno y más participación directa de las personas en los asuntos comunes. Y como siempre ocurre, quien también acaba pagando el pato de nuestros desmanes es la naturaleza: si consentimos este ataque a los pueblos, este saqueo de los comunales, la privatización de los servicios públicos municipales, etc., tendremos más éxodo rural, más abandono de la agricultura familiar, más especulación y menos cultura rural, y eso contribuirá a afear los paisajes y pondrá más contra las cuerdas la biodiversidad. Por todo ello han surgido iniciativas de análisis y denuncia de este infame proyecto de ley, como el cierre o huelga de las entidades locales menores extremeñas, o jornadas e iniciativas de coordinación para cambiar esta ley como las que promueve Plataforma Rural (más información en su web o en la de ecologistas en acción).

Fernando Llorente Arrebola