¿Déficit tarifario o democrático?

El anuncio de que el Estado no aportará fondos para pagar el déficit de las eléctricas supone otra subida de la luz que asfixiará aún más la economía real.

Avisábamos hace meses en estas mismas páginas de que la cuestión del dichoso déficit de tarifa, que las compañías eléctricas reclaman, iba a acabar trayendo más subidas del recibo de la luz. En este país siempre pagan los mismos, sobre todo con ministros como este Soria.

Para entender la gravedad de este nuevo tarifazo conviene dejar algunas cosas claras: la electricidad ha llegado a ser en nuestra sociedad un bien básico, porque sirve para cubrir necesidades primordiales de las personas y de la sociedad en su conjunto. Es por tanto un bien indispensable. Hablar de libertad de mercado en el sector eléctrico es por ello falso puesto que, por un lado, la demanda está cautiva: las personas no pueden elegir si se iluminan, si se calientan, si cocinan, si lavan la ropa, etc. y, por  otro, la oferta se concentra en unas pocas empresas multinacionales con un enorme poder de influencia sobre la clase política, con la que negocian para obtener marcos regulatorios que les beneficien aún más. De este modo la relación que tenemos con las compañías que nos venden luz se parece más a una especie de sujeción medieval que a un contrato libre, un neofeudalismo en el que somos los vasallos de una nueva aristocracia que, en alianza con la clase política, nos va a expoliar aún más. El ejemplo de Grecia es significativo: a sabiendas de que la gente tiene muy poco margen de libertad para prescindir de la luz, el Gobierno les aplica un superimpuesto en el recibo (creado por esa banda conocida como la Troika) del que los griegos no pueden escapar...

En nuestra piel de toro, de momento, la cuestión es que las compañías eléctricas, que tienen unos beneficios espectaculares, argumentan que nos están cobrando de menos desde hace años y que les debemos unos 35.000 millones de euros (un 3 % del PIB). O sea, que les dejamos los ríos, el aire y los suelos de todos para que hagan sus embalses, o arrojen los humos tóxicos de sus centrales térmicas, o entierren los residuos radioactivos de sus nucleares, les damos subvenciones públicas (que son en definitiva recursos del común que administra el Gobierno), les pagamos religiosamente las facturas que nos envían... y… ¡aún les parece poco! Lo que viene a confirmar la idea de que un bien básico e indispensable como la electricidad que, por desgracia, genera enormes impactos socioecológicos (y no es menor el enorme poder que confiere a los gestores) no puede seguir siendo un negocio en manos de unos pocos, sino que debe volver a ser un servicio público democrática y responsablemente gestionado.

Mientras llega ese momento en que vuelva al común lo que es del común y, para acelerar semejante cambio estructural, hay algunas alternativas que mucha gente está experimentando y poniendo en práctica: sin duda el ahorro es la más socorrida, ahorrar electricidad es tan bueno para el bolsillo como para la naturaleza. En los ámbitos rurales tenemos cierta capacidad de autoabastecernos de energía, fundamentalmente a través de la solar y la biomasa (leña, pellet...), y mucha gente está así independizándose, al menos en parte, de las compañías eléctricas. Además, he oído hablar de gente que ha trucado el contador o que se engancha fraudulentamente a la red (electrotuneado, lo llaman)... Dejando aparte el debate sobre su legitimidad, tiene cierto riesgo y no es una solución generalizable.

Más prometedoras son las cooperativas eléctricas: en ellas los usuarios se organizan como cooperativa de consumo y gestionan el abastecimiento de luz de modo transparente, justo y respetuoso con el medio ambiente a través de fuentes renovables. GoiEner en el país vasco y Zencer, en Fuengirola, son dos cooperativas que funcionan en sus territorios: Som Energía aunque nació en Girona tiene ámbito estatal y con más de diez mil socios es todo un ejemplo. Cualquiera puede hacerse socio de Som Energía, basta aportar 100 euros (reembolsables en caso de baja) y eso da derecho a consumir energía al mismo precio que la Tarifa de Último Recurso. Electricidad procedente de fuentes renovables, bien comprada en el mercado eléctrico o bien producida por la propia cooperativa que ya tiene en marcha 2 plantas fotovoltaicas y una de biogás. El objetivo de estas cooperativas es aprovechar los huecos de la liberalización del sector para que la ciudadanía se defienda del poder oligopólico de las grandes compañías, así como transformar poco a poco el modelo energético apostando por las renovables, por la transparencia en el precio y la gestión de la luz, por la justicia social... o sea exactamente lo contrario de lo que está haciendo este Gobierno. En la web de Som Energía cualquiera puede meter sus datos de consumo actual y saber cuánto pagaría en la cooperativa, así como consultar toda la información de su ideario, proyectos en marcha y futuros. Poco a poco se va abriendo paso la idea de que, si nos unimos, los de abajo podemos cambiar las cosas aun a pesar de los de arriba.

Fernando Llorente Arrebola